UCE denuncia prácticas ilegales

Algunos operadores y distribuidores de telefonía móvil cobran a los

ciudadanos que solicitan una portabilidad una fianza para evitar su

cancelación

UCE denuncia prácticas ilegales

de operadores y distribuidores de

telefonía móvil

Son varios los ciudadanos que han reclamado ante nuestras oficinas por el cobro de una

penalización por parte del operador al que había solicitado la portabilidad cuando, tras recibir una llamada del antiguo operador mejorando su oferta, han cancelado dicha solicitud.

La portabilidad –cambiar de compañía de telefonía conservando nuestro número de teléfono, sea móvil o fijo- es un derecho cada vez más utilizado. De hecho, sólo en el mes de marzo, más de medio millón de españoles cambió de operador.

Conscientes de ello, las compañías de telecomunicaciones intentan conservar a los clientes que solicitan la portabilidad a otro operador con contraofertas muy atractivas que les llevan, en numerosas ocasiones, a cancelar dicha solicitud a la vista de las nuevas condiciones.

Para intentar evitar los supuestos perjuicios económicos que supone comenzar el trámite de portabilidad y posteriormente cancelarlo, algunas operadoras y distribuidores están aplicando una penalización en forma de fianza a sus clientes para disuadirlos de dicha cancelación. Así, si ante la mejor contraoferta de nuestra operadora, decidimos cancelar la solicitud de portabilidad, tendremos que pagar una cantidad que llega, en alguno de los contratos a los que hemos tenido acceso, a los 45 euros.

Ante esta situación, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha resuelto que la imposición de indemnizaciones o fianzas que persigan disuadir a los usuarios de cancelar la portabilidad solicitada, es legal, pues es lícito que la operadora intente resarcirse de los costes que le ha supuesto iniciar ese proceso. Pero, igualmente, fija que ese coste es de 0,41 euros, cantidad máxima que podrá repercutirse al consumidor, y sólo cuando se le haya informado previamente y de forma expresa de ello.

Por tanto, desde la Unión de Consumidores de Euskadi hacemos un llamamiento a los operadores y distribuidores de telecomunicaciones, para que se abstengan de imponer penalizaciones a los usuarios en el libre ejercicio de sus derechos y animamos a estos a denunciar prácticas de este tipo, aun cuando ellos no cancelen sus solicitudes, pues estarán evitando que otros ciudadanos puedan verse afectados.