Las medidas contra los desahucios son insuficientes

Las medidas contra los desahucios son insuficientes

· La Unión de Consumidores de Euskadi-UCE considera que el decreto-ley de Protección de los Deudores Hipotecarios es una respuesta insuficiente a las expectativas sociales sobre este asunto
Habiendo tenido conocimiento de la aprobación en Consejo de Ministros del Decreto-Ley de Protección de los deudores hipotecarios, la Unión de Consumidores de Euskadi-UCE quiere manifestar su opinión sobre el mismo señalándolo como insuficiente y carente en su formulación de la necesaria participación social que requería el asunto.
En este sentido, aunque esta nueva regulación supone un importante avance, consideramos que se queda corta a la hora de solventar de una manera decidida todas las reivindicaciones que la sociedad exigía en cuanto a este tema. Así, se trata de un acuerdo alcanzado de mínimos con importantes carencias.
Desde nuestro punto de vista, las situaciones familiares que se recogen nos parecen insuficientes y podrían dejar fuera a muchísimas casuísticas que como organización de consumidores conocemos y atendemos a diario en nuestras oficinas a la hora de solicitarnos asesoramiento en la materia. En base a ello, se debería extender, desde una visión más amplia, al conjunto de la población que pueda ser vulnerable y no exclusivamente a los supuestos tasados en la redacción conocida, como colectivos sociales desfavorecidos.
Igualmente, nos parece negativo que no se haya producido un cambio en la legislación hipotecaria y que no se haya accedido a lo que la propia jurisdicción europea está marcando como situación no ajustada al derecho comunitario, concretamente de la Directiva 93/13.
En principio, nos parece positiva la creación del Fondo Social de Viviendas como bolsa de pisos para alquilar, siendo aportados éstos por la banca. No obstante, habrá que ver los niveles de renta que se fijan al respecto y que, según nuestro entender, deben ser mínimos para que la medida no sea un simple maquillaje.
En definitiva, es un decreto insuficiente que evidencia en sus palpables carencias la falta de participación que el mismo se constata y criticamos desde muchas entidades sociales y ciudadanas. Ya lo indicábamos la semana pasada y el resultado lamentablemente ha sido el que esperábamos.
UCE solicita nuevamente la regulación de lo que exigimos como solución del problema: la dación en pago. Solo una normativa de obligado cumplimiento para las entidades financieras, y no un Código de Buenas Prácticas voluntario, puede otorgar una mejor posición al interés ciudadano en esta materia.