La inspección analizó 43 páginas web, entre ellas 40 agencias inmobiliarias y tres grandes plataformas digitales. Los resultados revelan que ninguna de las webs con anuncios activos de viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado cumplía íntegramente con la información exigida por la legislación. En la mayoría de los casos faltaban datos esenciales para que las personas interesadas pudieran conocer las condiciones reales del alquiler antes de iniciar cualquier gestión.
Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran la ausencia de información sobre si la vivienda está situada en una zona tensionada, la omisión del importe de la última renta abonada durante los cinco años anteriores cuando resulta obligatorio, la falta del índice de referencia para la actualización del precio del alquiler o la inexistencia de información clara sobre los gastos adicionales que puede asumir la persona arrendataria.
Kontsumobide recuerda que la publicidad de las viviendas debe ofrecer información veraz, suficiente y comprensible, ya que constituye un elemento fundamental para que las personas consumidoras puedan tomar decisiones informadas y comparar las distintas ofertas del mercado. Asimismo, insiste en que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden a la parte arrendadora y no pueden repercutirse a la persona inquilina.
Antes de iniciar los expedientes sancionadores, el Instituto Vasco de Consumo ha trasladado los resultados de la inspección a los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y a los principales portales del sector para que adopten las medidas necesarias y corrijan las deficiencias detectadas. Además, mantendrá reuniones con los representantes del sector para recordar sus obligaciones y favorecer el cumplimiento de la normativa.
Paralelamente, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha requerido la retirada de anuncios de viviendas de protección oficial en los que se habían detectado prácticas de sobreprecio encubierto, reforzando así las actuaciones destinadas a garantizar un mercado del alquiler más transparente y una mayor protección de las personas consumidoras.