Jueves, Agosto 29, 2024
La urgente necesidad de regular las viviendas de uso turístico para proteger el derecho fundamental a la vivienda.
En los últimos años, el auge de las viviendas de uso turístico ha generado un impacto significativo en el mercado inmobiliario en Euskadi. Este fenómeno está 1) llevando a un incremento considerable en los precios de compra y alquiler de viviendas para uso habitual, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad y con mayores dificultades para el acceso a una vivienda (jóvenes, familias con menores o discapacitados, mujeres, etc.) así como 2) comprometiendo la disponibilidad de los recursos económicos públicos.
1) Impacto negativo en el mercado inmobiliario de viviendas para uso habitual:
El desplazamiento de viviendas del parque residencial al parque turístico ha reducido la disponibilidad de viviendas residenciales para uso habitual, incrementando los precios tanto de compra como de alquiler de vivienda y limitando la creciente demanda de alojamiento de vivienda habitual. Este aumento de precios dificulta el acceso a la vivienda para jóvenes, mayores y colectivos sociales vulnerables, quienes se encuentran en una posición de debilidad y ven comprometido su derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada, así como en condiciones mínimas de estabilidad y seguridad.
2) Consumo de recursos administrativos:
La proliferación de viviendas de uso turístico consume recursos administrativos destinados a la rehabilitación de viviendas. Esto perjudica a las personas más vulnerables, quienes dependen deayudas para la rehabilitación de sus viviendas habitacionales. La falta de regulación adecuada desvía estos recursos, reduciendo la capacidad de las administraciones públicas para apoyar a quienes más lo necesitan.
Efectos sobre las personas necesitadas de vivienda. Vulnerabilidad de los sectores sociales más desfavorecidos:
La falta de intervención y de regulación adecuadas ha dejado a muchos ciudadanos en una situación de vulnerabilidad: jóvenes que buscan independizarse, personas mayores con ingresos limitados y colectivos sociales en riesgo de exclusión social (mujeres, familias monoparentales, familias con menores de edad o discapacitados, etc.), que se enfrentan a mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Esta situación agrava la desigualdad social, pone en riesgo la cohesión social e incrementa la exclusión social.
Llamamiento a la intervención pública administrativa:
La situación fue expuesta por la UCE en la reunión del Pacto Social por la Vivienda del pasado 17 de julio de 2024 a la que esta asociación de consumidores fue convocada por el nuevo Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itsaso González, quien manifestó que el Gobierno Vasco trabajará para abordar el problema. La UCE considera que es imperativo que las autoridad autonómica adopte medidas urgentes para regular las viviendas de uso turístico en el aspecto expuesto, ya que la intervención pública permitirá equilibrar el mercado inmobiliario, proteger el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, en especial de los sectores sociales más vulnerables, y garantizar que los recursos administrativos se utilicen de manera justa y equitativa. En definitiva, se trata de intervenir no solo para fomentar la promoción económica y turística de la Comunidad Autónoma del País Vasco sino también para asegurar el derecho fundamental a la vivienda de todos los ciudadanos residentes en aquella.
Llamamiento a la intervención pública administrativa:
La situación fue expuesta por la UCE en la reunión del Pacto Social por la Vivienda del pasado 17 de julio de 2024 a la que esta asociación de consumidores fue convocada por el nuevo Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itsaso González, quien manifestó que el Gobierno Vasco trabajará para abordar el problema. La UCE considera que es imperativo que las autoridad autonómica adopte medidas urgentes para regular las viviendas de uso turístico en el aspecto expuesto, ya que la intervención pública permitirá equilibrar el mercado inmobiliario, proteger el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, en especial de los sectores sociales más vulnerables, y garantizar que los recursos administrativos se utilicen de manera justa y equitativa. En definitiva, se trata de intervenir no solo para fomentar la promoción económica y turística de la Comunidad Autónoma del País Vasco sino también para asegurar el derecho fundamental a la vivienda de todos los ciudadanos residentes en aquella.