La Eurocámara respaldó a finales del mes pasado con 300 votos a favor, 98 en contra y 274 abstenciones, la revisión de la directiva europea sobre agua potable para garantizar su acceso de forma segura, asequible y equitativa para todos los ciudadanos de la UE. La propuesta ha sido incentivada por la iniciativa ciudadana 'Right2Water' y busca aumentar la confianza en el agua del grifo que, además de barata, es más respetuosa con el medio ambiente.
“Nuestra manera de utilizar el agua definirá el futuro de la humanidad. Estamos de acuerdo en que todo el mundo debe tener acceso a agua potable de calidad. Debemos hacer lo posible para que también sea asequible”, afirmó durante el debate el ponente popular, Michel Dantin.
Entre las medidas propuestas se encuentran el lanzamiento de campañas para alentar al público a comprar botellas de agua reutilizables, el fomento del uso del agua del grifo en restaurantes y cantinas (y su ofrecimiento de forma gratuita), así como la instalación de fuentes en ciudades y lugares públicos para garantizar el acceso a agua potable a los grupos más vulnerables y marginados. Según la Comisión Europea, consumir menos agua embotellada permitirá a los hogares de la UE ahorrar hasta 600 millones de euros al año.
La iniciativa se enmarca en el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible y los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La idea es que, al aumentar el consumo de agua del grifo, paralelamente se contribuya a reducir el uso de envases de plástico.
La Comisión Europea se comprometió a revisar la directiva sobre agua potable en respuesta a la iniciativa ciudadana 'Right2Water'. Este movimiento europeo recogió más de 1,8 millones de firmas pidiendo a la UE que incrementara sus esfuerzos para lograr el acceso universal y el saneamiento del agua en todos los Estados miembros. Desde 'Right2Water’ también se reclama que el agua siga siendo un servicio y un bien público y que, por lo tanto, quede excluida de la liberalización que prima en el mercado interior comunitario.
Un pilar de esta reforma es la transparencia. Varias medidas van dirigidas a garantizar que los consumidores tengan acceso a información actualizada sobre el agua. A pesar de que muchos proveedores sean privados, estos deberán ofrecer información respecto a los volúmenes consumidos, la tarifa y la estructura de costos, ya sea en línea o de forma directa a través, por ejemplo, de las facturas.
Además de accesible, el objetivo de la UE es que el agua sea de calidad. Para ello se introduce la obligación de evaluaciones de riesgo a nivel nacional y verificaciones del cumplimiento cuando el riesgo de contaminación sea alto. Según el informe de la Comisión parlamentaria de Medio ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, es necesario restringir los límites máximos para ciertos contaminantes como el plomo (que se reducirá a la mitad) y actualizar los parámetros de calidad del agua potable utilizando los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También se ha puesto el foco en la necesidad de controlar los niveles de microplásticos presentes en el agua, una preocupación emergente que ha cogido peso en la UE en los últimos años. Según en Parlamento, los costes de implementación serán de entre 5.900 y 7.300 millones de euros, y correrán principalmente a cargo de los operadores de agua, aunque está previsto que los consumidores vean una “subida marginal” en su factura. Sin embargo, en la propuesta se indica que esta subida “no conlleva el riesgo de que el agua potable sea inasequible y se compensará con que las personas beban agua del grifo en lugar de agua embotellada”.