La factura que pagamos por la electricidad que usamos está dividida grosso modo en dos partes: una, fija (en función de la potencia contratada); y la otra, variable (el número de kilovatios hora que consumimos y que unas veces son más, y otras menos). La fija depende del Gobierno. La variable depende del mercado, o de un montón de factores: del frío que haga (lo que nos llevará a usar más calefacción), del calor que haga (más aire acondicionado), de lo eficientes que sean los electrodomésticos que tengamos, de nuestros hábitos de consumo, del número de personas que viven en casa, de la eficiencia de las bombillas que usemos, etcétera, etcétera, etc. El consumidor medio puede cambiar de bombillas, o de electrodomésticos, o de hábitos, con una cierta facilidad o frecuencia. Pero no es habitual cambiar de potencia en casa, porque la potencia contratada se supone que es la que necesitamos, y se supone que podemos optimizarla, pero hasta un cierto punto. En definitiva, es más sencillo ahorrar kilovatios hora que ahorrar en el término de potencia.
Las principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico, de la movilidad eléctrica y de la eficiencia energética, así como varias otras entidades de la sociedad civil pidieron ayer, a través de un comunicado conjunto, "que la reforma de la estructura de la tarifa eléctrica prevista para los próximos meses se lleve cabo teniendo en cuenta la necesidad de empoderar a los ciudadanos para que puedan ser actores activos en la lucha contra el cambio climático". Las asociaciones denuncian que "la actual estructura tarifaria de la factura eléctrica no da las señales adecuadas, porque el peso de la parte fija en una factura media es del 40%, lo que implica que casi la mitad de la factura que paga el consumidor se destina a sufragar los costes del sistema, independientemente del consumo de energía realizado o del esfuerzo de las personas por ahorrar, invertir en energías renovables o en otro tipo de mejoras de la eficiencia energética".
Esta situación (22-40) representa, según estas asociaciones, "una anomalía con respecto a los países de nuestro entorno, donde la media del peso de la parte fija es un 22%", una anomalía que deriva en tres consecuencias, fundamentalmente:
(1) empobrece (mete en un auténtico callejón sin salida) a los más vulnerables, que soportan una mayor carga, en términos relativos por kilovatio hora consumido efectivo y en comparación con hogares de mayores ingresos, "porque... por mucho que yo ahorre... aunque no encienda la estufa ni un solo día en febrero... un 40% lo voy a tener que pagar sí o sí";
(2) desincentiva el autoconsumo y otras medidas de ahorro y eficiencia energética. Por el mismo motivo: por mucho ahorro que logre, ese ahorro no opera sobre el 40% de la factura, que voy a tener que pagar sí o sí, gaste 3.500 kilovatios hora ó 15.000; y
(3) constituye una barrera para la penetración de la movilidad eléctrica (porque una estación de servicio, en vez de pagar como en los países de nuestro entorno un 22% por el enchufe y el resto por los kilovatios hora que compra al mayorista -y vende al conductor-, paga un 40% por el enchufe -solo por tener el enchufe-, algo que evidentemente desincentiva el despliegue de la electromovilidad.
Un aumento del peso de la parte fija de la tarifa supondría asimismo un impacto negativo en la creación de nuevas oportunidades de empleo en los sectores de las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, fotovoltaico y de la movilidad eléctrica, entre otros". Y al revés: "si disminuye, en términos relativos, la parte variable de la factura, es decir, la que se paga por el consumo de energía, las medidas de eficiencia energética que lleve a cabo el consumidor van a tener menor impacto, y por tanto estaremos penalizando a aquellos consumidores que ahorran e invierten en mejorar su eficiencia energética".
En su comunicado, empresarios y asociaciones de la sociedad civil recuerda que "para cumplir los objetivos de la transición energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero definidos en el Plan Nacional Integrado (PNI) de Energía y Clima, es necesaria la mejora de un 39,6% de la eficiencia energética".
Pues bien, según los últimos datos obtenidos por el Observatorio de Eficiencia Energética de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, "el ahorro en la factura energética es una de las motivaciones principales que llevan a los clientes finales a efectuar medidas de ahorro y eficiencia en sus instalaciones y hogares".
"Un aumento de la parte fija de la factura desincentivaría la instalación del autoconsumo [que es una medida de ahorro], porque los aumentos en el término de potencia alargan los plazos de amortización de estos proyectos". Y los firmantes recuerdan que el autoconsumo es, según el PNI de Energía y Clima que ha elaborado el Gobierno, "uno de los pilares de la transición ecológica, pues permite a los ciudadanos generar energía limpia a la vez que contribuyen activamente a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera".
Un alto término fijo -señalan los firmantes- también constituye "una barrera para el desarrollo de la movilidad eléctrica". Según las asociaciones, si se aumenta el elemento fijo que se paga cada mes independientemente del uso que se haga, serán aún más las reticencias de los conductores a la hora de plantearse el cambiar desde la combustión a la electricidad. "Además, el término de potencia es el principal responsable de la falta de desarrollo de los puntos de carga rápida para el vehículo eléctrico en carretera, indispensables para viajes de distancia superior a los 250 kilómetros". ¿Y por qué? Pues porque la recarga rápida requiere de enchufes con mucha potencia.
Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), de 2018, hay un 15% de la población "en situación de pobreza energética escondida", un indicador que pone de relieve a una parte de las personas que, como estrategia ante su situación de vulnerabilidad, reducen al mínimo posible su consumo energético. Para estos consumidores con un gasto reducido debido a la situación de vulnerabilidad energética en la que viven, la parte fija de la factura puede suponer una parte muy importante de su gasto en energía doméstica. Es una forma de tarificación regresiva ya que los hogares vulnerables soportan una mayor carga (en términos relativos por kWh consumido efectivo y en comparación con hogares de mayores ingresos) de la parte de costes fijos de la factura eléctrica.
Así, los firmantes concluyen: "un mayor peso de la parte fija de la factura podría perjudicar a los hogares más vulnerables y, a su vez, desincentivaría toda medida de mejora de la eficiencia energética en el porcentaje de población que tiene mayor capacidad económica".