El Ministerio de Sanidad se compromete a estudiar la situación con afectados, médicos y el sector de las prótesis tras una investigación mundial sobre los fallos
Más de 25.000 personas en España pueden haber tenido o estar sufriendo en estos momentos daños en su salud por el fallo de todo tipo de implantes médicos durante la última década, como por ejemplo el dispositivo anticonceptivo Essure, prótesis mamarias, de cadera, de rodilla, lentes de contacto e intraoculares, marcapasos o desfibriladores, entre otros.
El dato lo ha facilitado una investigación, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). En el estudio han participado 57 medios de comunicación de todo el mundo, como El Confidencial o La Sexta en el caso de España. 'Implant files' ('Informe implantes') ha rastreado durante un año el daño global causado en 36 países por productos sanitarios que se han probado de forma inadecuada o que ni siquiera han sido testados. En total, se han analizado más de ocho millones de registros relacionados con dispositivos y que incluyen datos sobre muertes, lesiones y retiradas de productos del mercado.
Según la investigación, entre 2008 y 2017, más de 82.000 personas de los cinco continentes han fallecido y 1,7 millones han sido víctimas del defectuoso funcionamiento de implantes médicos. Con esta información se ha elaborado una base de datos internacional de dispositivos médicos que permite consultar aproximadamente 70.000 avisos de retirada de productos y alertas de seguridad de fabricantes que fueron realizadas en más de once países.
Las informaciones obtenidas en el marco de esta investigación apuntan a la falta de control de los organismos de supervisión y a presiones por parte de las grandes multinacionales sanitarias, que financian ensayos y estudios para probar la ausencia de riesgos asociados a los productos. Según se detalla, el sistema europeo resulta ser especialmente permisivo a pesar de contar con 56 organismos notificados con capacidad de otorgar el 'marcado CE' (siglas de 'Conformidad Europea'), que es una certificación de garantía de que el producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) expresó su preocupación por los 25.000 casos que se han producido en España y ha solicitado al Ministerio de Sanidad que les ofrezcan «toda» la información que vaya recabando al respecto.
A su vez, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) aseguró que «en nuestro país ni los profesionales médicos ni los centros sanitarios pueden adquirir o implantar dispositivos de dudosa calidad, no autorizados, carentes de certificación europea o fuera del control sanitario». Este organismo añadió que «la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ocupa del control y seguimiento de estos recursos tecnológicos, además de una red de agencias de evaluación tecnológica dependientes de las comunidades autónomas y del Instituto de Salud Carlos III». Admitió, no obstante, que la regulación nacional e internacional está más desarrollada en el caso de los medicamentos que para las prótesis.
A la vista de la polémica, el Ministerio de Sanidad convocó ayer una reunión con las sociedades científicas relacionadas con implantes y productos sanitarios, con el sector fabricante y distribuidor, y las asociaciones de pacientes para analizar la situación. En un comunicado, expresó su disposición «a impulsar las mejoras que sean necesarias para aportar garantías a los productos y seguridad a los pacientes». La ministra María Luisa Carcedo recordó que el pasado octubre ya se activó un protocolo de actuación para pacientes portadoras del sistema anticonceptivo Essure.