Ya hay recomendación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la denuncia de la Comisión Europea contra España por demorar la reforma sobre créditos hipotecarios y no son buenas noticias para el Gobierno español. Según el dictamen preliminar emitido ayer por Evgeni Tanchev, España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106.000 euros por no haber adoptado las disposiciones necesarias para cumplir con la directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Si los jueces siguen esta recomendación, la multa podría rondar los 80 millones de euros.
Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario ha pedido directamente, sin sentencia de incumplimiento previa, una sanción económica contra un Estado por incumplir la normativa comunitaria. El elevado importe de la multa coercitiva se debe a la gravedad y la duración de la infracción y al efecto disuasorio, en función de la capacidad de pago de España. El caso no tiene relación con el de las cláusulas suelo pero supone un toque de atención más contra España por una legislación hipotecaria que no ha protegido adecuadamente a los consumidores. La nueva ley hipotecaria española entrará en vigor finalmente a mediados del mes de junio, tras su publicación el pasado 2 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), casi un mes después de que la aprobara el Congreso el 21 de febrero, con tres años de retraso respecto del último plazo dado por la UE.
Las nuevas condiciones para la concesión de hipotecas entrarán en vigor a los tres meses de la publicación en el BOE, por lo que se retrasa hasta el 16 de junio su aplicación efectiva. La nueva ley establece el reparto de gastos entre la entidad financiera y el consumidor, un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada y el aumento de los meses de impago antes de ejecutar un crédito.