Fuente: El Correo
Un millar de conductores vascos han reclamado en los tribunales una indemnización como víctimas del cártel de coches, sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta la fecha, en torno a un centenar de estas demandas individuales interpuestas en juzgados del País Vasco por la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) han sido ya resueltas, en un 90% de los casos a favor del consumidor.
Los jueces han estimado en un 5% del valor del coche el sobrecoste provocado por esta «práctica restrictiva de la competencia», lo que de media supone devolver a los afectados entre 2.000 y 3.000 euros. También la mayoría de las sentencias que han sido recurridas por los fabricantes ante las Audiencias provinciales vascas están siendo favorables a los consumidores, la última de ellas dictada el pasado martes, 4 de marzo, por el órgano territorial de Gipuzkoa. Muchos fallos son ya firmes puesto que por una cuantía tan reducida no se permite el recurso en casación ante el Tribunal Supremo.
El cártel afectó a los coches comprados entre febrero de 2006 y julio de 2013 de una veintena de marcas automovilísticas presentes en el mercado, entre ellas las más conocidas, como Seat, Audi, Toyota, Hyundai, Honda, Volvo, Citroën, Nissan, Opel, Mercedes, Ford o Renault, al entender que habían llegado a acuerdos que inflaban el precio final de los vehículos. Entre otras acciones consideradas abusivas, fueron multados por intercambiar información sensible sobre la estrategia de distribución comercial, de servicios posventa y de marketing. Compartieron los resultados de las marcas, la remuneración y los márgenes comerciales a las redes de concesionarios y homogeneizaron las condiciones y planes futuros de venta y postventa de los automóviles en España.
La sanción de la CNMC, con multas millonarias, se impuso en 2015 al entender que estas prácticas «colusorias» durante siete años habían supuesto un «incremento artificial y fraudulento de los precios de venta al público». Los fabricantes recurrieron a la Audiencia Nacional porque consideraban que la incidencia en los bolsillos de los compradores había sido tan remota que podía resultar irrelevante.
Informe pericial de la UPV
La UCE interpuso las primeras demandas de sus asociados en diciembre de 2022, una vez que el Supremo había avalado la sanción al club de marcas. La mayoría les han dado la razón, pero algunas sentencias aceptan el criterio de la prescripción. Las Audiencias provinciales se están pronunciado al respecto y sostienen que el plazo vence a los cinco años tras la resolución del recurso de casación.
Estas demandas individuales han contado con el informe pericial realizado por catedráticos de Economía de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para conocer qué precio hubieran tenido los vehículos en el caso de que no hubiera habido un acuerdo entre las marcas, que sitúa el daño entre un 10 y un 20%. Los fabricantes presentaban una contrapericial, según la cual, el incremento resultaba residual o inapreciable. En el cártel de los camiones, considerado como precedente, se calculó el sobreprecio en un 5%, que es el que están aplicando los jueces.