El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han llegado a un acuerdo sobre las primeras normas de la UE sobre acciones colectivas para consumidores. Las nuevas reglas introducen un modelo armonizado para la acción representativa en todos los estados miembros que garantiza que los consumidores estén bien protegidos contra daños masivos, al tiempo que garantiza garantías adecuadas contra demandas abusivas. La nueva ley también tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interno al mejorar las herramientas para detener las prácticas ilegales y facilitar el acceso a la justicia para los consumidores.
Elementos principales del acuerdo:
Al menos un procedimiento de acción representativa para medidas cautelares y de reparación debe estar disponible para los consumidores en cada Estado miembro, permitiendo acciones representativas a nivel nacional y de la UE.
Las entidades calificadas (organizaciones u organismos públicos) recibirán poderes y apoyo financiero para iniciar acciones de orden judicial y reparación en nombre de grupos de consumidores y garantizarán el acceso de los consumidores a la justicia;
En cuanto a los criterios de designación para entidades calificadas, las reglas distinguen entre casos transfronterizos y casos nacionales. Para el primero, las entidades deben cumplir con un conjunto de criterios armonizados. Deben demostrar 12 meses de actividad en la protección de los intereses de los consumidores antes de su solicitud de ser nombrados como una entidad calificada, tener un carácter sin fines de lucro y asegurarse de que sean independientes de terceros cuyos intereses económicos se opongan al interés del consumidor;
Para las acciones nacionales, los Estados miembros establecerán criterios adecuados consistentes con los objetivos de la directiva, que podrían ser los mismos que los establecidos para las acciones transfronterizas.
Las reglas logran un equilibrio entre el acceso a la justicia y la protección de las empresas de demandas abusivas a través de la introducción del Parlamento del ” principio del perdedor paga“, que asegura que la parte vencida pague los costos de los procedimientos de la parte exitosa.
Para evitar aún más demandas abusivas, los negociadores del Parlamento Europeo también insistieron en que los tribunales o las autoridades administrativas pueden decidir desestimar los casos manifiestamente infundados en la etapa más temprana posible de los procedimientos de conformidad con la legislación nacional.
Los negociadores acordaron que la Comisión debería evaluar si se debe establecer un Defensor del Pueblo Europeo para acciones colectivas para abordar las acciones representativas transfronterizas a nivel de la Unión.
El alcance de la acción colectiva incluiría las violaciones de los comerciantes en áreas tales como protección de datos, servicios financieros, viajes y turismo, energía, telecomunicaciones, medio ambiente y salud, así como los derechos de los pasajeros aéreos y ferroviarios, además de la ley general del consumidor.
El Parlamento Europeo en su conjunto y el Consejo de la UE ahora deberán aprobar el acuerdo político. La Directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los estados miembros tendrán 24 meses para transponer la Directiva a sus leyes nacionales y seis meses adicionales para aplicarla.