Es una de las medidas de la ley contra el Cambio Climático, que busca reducir un 37% las emisiones de efecto invernadero en 12 años y que la energía sea 100% renovable en 2050
El Gobierno quiere prohibir la matriculación y venta de automóviles y furgonetas con motores que funcionen con gasóleo, gasolina u otros combustibles fósiles (como el gas), los que emiten dióxido de carbono (CO2), a partir de 2040 y también se marca como objetivo que estos mismos vehículos ligeros ya no puedan circular por las vías y carreteras españolas a partir de 2050. Esta previsión incluiría a los coches de motor híbrido y, de la oferta actual de vehículos, solo salvaría a los 100% eléctricos.
Se trata de una de las medidas más llamativas incluidas en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno remitió este lunes a los partidos y las organizaciones sociales para que realicen sus alegaciones, y cuyo proyecto definitivo será avalado por el Consejo de Ministros antes de final de año y remitido al Congreso para su aprobación lo más urgentemente posible.
Esta norma tiene como finalidad que España cumpla con los compromisos adquiridos por la comunidad internacional en el Acuerdo de París contra el cambio climático: evitar que la temperatura media de la tierra suba más de 1,5 a 2 grados en el siglo XXI. Para ello, el borrador legislativo se marca como objetivos una reducción nacional de la emisión de gases de efecto invernadero del 37% (más de un tercio) y el logro de un país prácticamente sin emisiones de estos fluidos en 2050 (reducción de al menos un 90%). Fuentes del Ejecutivo señalaron que este compromiso mejora con creces las exigencias de reducción de emisiones reclamadas por la UE, pues prevé una rebaja adicional de unos 20 puntos.
En esta reducción casi total de las emisiones de CO2 que se exige para 2050 se enmarca el plan de proscripción de los automóviles movidos por combustible fósil, que emula en objetivos y fechas los de otros países de la Unión Europea. Se trata, explican fuentes gubernamentales, de «una señal clara» dirigida a los fabricantes de automóviles para que cambien sus producciones a medio y largo plazo, como, por ejemplo, hará Volvo, que ya anunció que desde el año próximo sólo venderá coches eléctricos.
La limitación al uso de vehículos diésel y gasolina se complementará con un calendario de instalación obligatoria de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio a pactar todavía con las comunidades autónomas. Algunas compañías, como Iberdrola, ya han anunciado un ambicioso plan de 'electrolineras' por toda España; o de la obligación de que todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deban contar para 2023 con zonas de bajas emisiones, como ya ha hecho Madrid, que ha limitado la circulación vial por su almendra central.
El anuncio del Gobierno de poner fecha de caducidad a los motores diésel y gasolina ha pillado por sorpresa a los conductores españoles. Muchos se hacían cuentas de los años que quedaban hasta 2040, cuando dejen de venderse los vehículos con combustible fósil en España, y 2050, momento en el que no podrán circular los motores de combustión al uso con emisiones de dióxido de carbono -donde podrían estar incluidos los híbridos que emplean propulsores de gasolina o diésel-. Unas fechas que, a día de hoy, pocos creen que puedan ser finalmente posibles y que dependen de la aprobación del Congreso y Senado de la ley que las fija.
Sin embargo, pese al alcance del anuncio realizado este martes por el Ejecutivo, España no es pionera en este tipo de medidas para restringir los propulsores que utilizan la derivados del petróleo. Francia y Reino Unido fueron los países europeos que tomaron la iniciativa, cuyas fechas -primero para prohibir la venta y luego para prohibir la circulación- son las mismas que España pretende implementar en su futura ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Otros países europeos debaten medidas similares. De esta manera, Noruega pretende prohibir la venta de los vehículos diésel y gasolina en 2025, mientras que Alemania, Holanda, Dinamarca e Irlanda debaten si esa prohibición podrían implementarla en 2030. En todo caso, son las ciudades de cada uno de los países europeos las que a todas luces llevarán antes a cabo la iniciativa con la prohibición de los motores considerados más 'clásicos'.
En consonancia con este freno al uso de los combustibles fósiles, el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prevé que, una vez entre en vigor la nueva norma, no se concederá autorización nueva alguna para hacer exploraciones o perforaciones de yacimientos de hidrocarburos -incluida la técnica de 'fracking' o gas exquisto- en los suelos y aguas territoriales españolas. Al mismo tiempo, establecerá la obligación de que las concesiones para la extracción vigentes no podrán seguir más allá de 2040.
El Gobierno calcula que para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones necesita conseguir que dentro de 12 años el 35% de la energía consumida en España proceda de fuentes renovables -que tienen que suponer ya el 70% de la generación- y que la eficiencia energética del país haya mejorado al menos un 35%. Se trata del primer escalón para alcanzar en 2050 con un sistema eléctrico basado exclusivamente en fuentes de generación verdes, frente a las tradicionales.
Para ello, la ley prevé dar un fortísimo impulso a la producción y prioridad de uso de las energías renovables, de las que se deberán instalar un mínimo de 3.000 nuevos megavatios de potencia cada año entre 2020 y 2030. La norma no fija el calendario para el cierre paulatino de las centrales nucleares y de las térmicas de carbón que se encuentran activas y que aportan actualmente más del 60% del consumo, aunque están llamadas a desaparecer. Las fechas para esta liquidación que se recogerán en el Plan de Energía y Clima que será aprobado en diciembre.