La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum a España para que aplique en el plazo de dos meses las nuevas normas comunitarias que mejoran la protección de los consumidores que reservan viajes y circuitos combinados, unas garantías que debieron haber entrado en vigor en el conjunto de la Unión Europea el pasado julio.
"Si las autoridades españolas no actúan en el plazo de dos meses, el asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)", según ha advertido Bruselas en un comunicado.
El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un expediente sancionador, que el Ejecutivo comunitario ha remitido a España e Irlanda, únicos Estados miembros que no han cumplido con los plazos acordados para trasladar las nuevas normas a sus respectivas legislaciones nacionales.
La normativa en cuestión aclara los derechos que asisten a los viajeros en cuanto a la información que reciben de sus viajes contratados y sobre la responsabilidad de los empresarios, lo que incluye reglas que refuerzan las normas de devolución de dinero y reparación en caso de que la compañía contratada quiebre o anule el servicio contratado.
Los Veintiocho debían trasladar estas normas a sus legislaciones nacionales antes del 1 de enero de 2018, con el fin de que pudieran entrar en vigor en el conjunto de la UE el 1 de julio del mismo año.
Según cálculos de Bruselas, la nueva directiva que aún incumplen España e Irlanda da protección a cerca de 120 millones de consumidores en toda Europa.