El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una gran empresa inmobiliaria que gestiona miles de viviendas en distintas ciudades españolas por la posible inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler. La identidad de la empresa no se ha hecho pública, ya que el procedimiento continúa en fase de investigación.
Durante la investigación, la Dirección General de Consumo ha detectado cuatro posibles infracciones. Entre ellas figuran la imposición obligatoria de un seguro de impago a las personas inquilinas, la incorporación de una cláusula que presume una negociación individual del contrato cuando realmente se trata de un contrato de adhesión, la aplicación de penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda y la imposición de gastos injustificados relacionados con los suministros y el cambio de titularidad.
Si estas prácticas se confirman como cláusulas abusivas, cada una de ellas podría ser sancionada con multas de hasta un millón de euros o con una cuantía equivalente a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. El Ministerio recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas consumidoras en el mercado del alquil