Domingo, Noviembre 15, 2020
El Consejo de la UE ha adoptado su posición en primera lectura sobre un proyecto de Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores en la UE. Se ha dado así un paso más en la defensa colectiva de los derechos de los consumidores. Tras el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en junio de 2020.
La nueva Directiva obligará a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión, y abarcará acciones destinadas a obtener tanto medidas de cesación como resarcitorias.
Además, la Directiva facultará a las entidades habilitadas designadas por los Estados miembros para interponer acciones destinadas a obtener medidas de cesación o resarcitorias, incluidas la indemnización y la sustitución, en nombre de un grupo de consumidores que se haya visto perjudicado por un comerciante que presuntamente haya infringido alguno de los actos jurídicos de la UE enumerados en el anexo de la Directiva. Estos actos jurídicos abarcan ámbitos como los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, la salud, las telecomunicaciones y la protección de datos.
La Directiva va a distinguir entre las entidades habilitadas, que están facultadas para interponer acciones en el Estado miembro en que fueron designadas (acciones de representación nacionales) y las que están facultadas para interponer acciones en cualquier otro Estado miembro (acciones de representación transfronterizas). En el caso de las acciones de representación nacionales, las entidades habilitadas tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación del Estado miembro que las haya designado, mientras que para las acciones transfronterizas deberán cumplir los criterios armonizados establecidos en la Directiva.
Como salvaguardia frente a los litigios abusivos, la Directiva establecerá normas claras sobre la imposición de costas en las acciones de representación para obtener resarcimiento, basadas en el principio de «quien pierde, paga». Además, a fin de evitar conflictos de intereses, impondrá a las entidades habilitadas una serie de requisitos de transparencia, en particular por lo que respecta a su financiación por terceros.
La propuesta de Directiva recoge en su artículo 20 la asistencia jurídica gratuita para las entidades que se acojan a este sistema, cuya redacción ha sido especialmente impulsada por la Abogacía Española.