Arranca una nueva era de impuestos a la tecnología en favor de las entidades de derechos de autor: el Gobierno Español ha aprobado un nuevo canon de copia privada que afectará a todos los que vayamos a comprar nuevos accesorios y también dispositivos. ¿Que ya no se consumen CDs o DVDs grabables? No hay problema, se ataca a los móviles y a las tablets.
Bajo la premisa de que los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario son susceptibles de alojar y reproducir contenido con derechos de autor, el BOE recogió el martes 11 de diciembre la reformada Ley de Propiedad Intelectual que se aprobó hace más de un año. Esto implica que la reforma entra en vigor, con todo lo que ello implica: comprar un móvil o una tablet nos saldrá más caro, vayamos a usarlo o no para almacenar contenido “ilegal”.
La entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual afecta a todos los dispositivos que vayamos a comprar de ahora en adelante. Todos los que sean susceptibles de alojar contenido con derechos de autor estarán obligados a pagar un canon a la administración; que se repartirá entre las entidades que gestionan los copyrights.
CDs y DVDs vírgenes, grabadoras, discos HDD y USB, descodificadores de televisión, móviles, tablets… Por defecto serán considerados como susceptibles de almacenar contenido pirata, por lo que deberemos pagar en concepto de daños y perjuicios a autores y sociedades de gestión de derechos. Poco importa que sea absolutamente injusto y que el avance del streaming legal, con empresas como Netflix, YouTube o Spotify, esté desterrando la descarga y almacenamiento de archivos no adquiridos por el usuario: hay que pasar por caja.
A partir de ahora los fabricantes y distribuidores deberán incluir en las facturas los importes destinados al canon; que abonará directamente el consumidor ya que dicho importe no se descontará del precio oficial del dispositivo. Los organismos públicos están exentos de pagar el canon por copia privada, para el resto será obligatorio. Eso sí, podremos solicitar la exención en caso de considerarlo oportuno, pero serán las entidades de gestión quienes aprueben la obligación o no del pago.
Esta reforma entró en vigor con la publicación el día 11 de diciembre en el BOE. De esta manera el Gobierno coloca la recaudación de impuestos en manos de entidades privadas de gestión de derechos. Una decisión que, con toda seguridad, será llevada a los tribunales en las próximas fechas, como ya ocurrió con el canon anterior.