El banco central de España ha emitido un recordatorio a los ciudadanos que advierten sobre los riesgos que implica la transacción de criptomonedas no reguladas. La notificación del Banco de España, emitida el 10 de febrero, siguió a una publicación oficial del blog publicada dos días antes, en la que se describía la postura de la institución sobre las criptomonedas, sus características y su situación legal en España y en la Unión Europea.
Ambos documentos subrayan el hecho de que España aún no ha aprobado ninguna legislación con respecto a las criptomonedas, y que las plataformas de exchange de cripto y otras empresas del sector tampoco están supervisadas ni autorizadas por el banco central. Las plataformas de cripto tampoco cuentan con la protección de los sistemas nacionales de garantía de depósitos, como el Fondo de Garantía de Depósitos de España, afirma el banco.
La institución advierte claramente que en los casos en que se utiliza cripto para compras de bienes y servicios, sería una “misión imposible” para un consumidor reclamar sus derechos en caso de que algo salga mal con el pago o el producto adquirido.
Al afirmar que ningún estado ha otorgado aún el estado de curso legal a la nueva clase de activos, el banco central recuerda que su gobernador, Pablo Hernández de Cos, determinó categóricamente que la cripto "no puede reemplazar el dinero y no es un medio de pago o intercambio común".
Según informes, el gobernador ha ido tan lejos como para descartar que el término "criptomoneda" sea demasiado equívoco, y propone que se lo reemplace por el término moneda virtual o criptoactivo.
El banco central español continúa observando la evolución, pero aún no unánime, de la definición de cripto en la UE. El banco cita una Directiva de 2015 que considera que la cripto es una representación digital de valor sin emisión de banco central o autoridad pública, y que no tiene el estado de moneda de curso legal. Según se informa, la Directiva también señala que la cripto puede, sin embargo, intercambiarse y tramitarse entre personas físicas o jurídicas.
Si bien reconocen el notable crecimiento reciente del sector de criptomonedas, ambos documentos subrayan la supuesta alta volatilidad, los riesgos de ciberseguridad y los débiles derechos de los consumidores asociados con la industria.
Como se informó en diciembre, el Gobierno anunció que estaba trabajando para presentar un proyecto de ley sobre la regulación de criptomonedas y blockchain. El objetivo de la medida es proporcionar cierto grado de certeza a los inversionistas, e incluso indicó que el grupo está considerando la introducción de recortes de impuestos para alentar la innovación nacional de blockchain.
No obstante, los reguladores del mercado del país continúan manteniendo una postura cautelosa, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores agregó 23 entidades no autorizadas de forex y de cripto a su lista de advertencia el mes pasado.