A partir del 14 de septiembre la forma en que se compra por Internet debe cambiar. El próximo sábado entra en vigor en España la normativa europea PSD2, que promete reforzar la seguridad en los pagos electrónicos y la entrada de nuevos operadores en el comercio online.
¿Qué es la directiva PSD2?
La directiva PSD2 es una norma aprobada por la Comisión Europea en 2015 para sustituir a la regulación anterior (PSD) de 2007, que regulaba el mercado de los pagos electrónicos en la zona euro. "La entrada en el mercado de nuevos operadores, como las fintech, y la necesidad de una mayor transparencia en las operaciones hacía necesaria una nueva norma", aseguran expertos de HelpMyCash.com. En este sentido, la normativa europea impacta en el sector financiero, pero también afecta a los proveedores de pagos electrónicos, a los marketplaces y a los comercios electrónicos.
¿Cómo afecta la norma al sector financiero?
Los entidades financieras se verán afectadas por el open banking (banco abierto). Así, las entidades estarán obligadas a dar acceso a las cuentas de sus clientes a terceras empresas. Con esto se busca homogeneizar las condiciones en las que operan todos los proveedores de servicios de pago (TTPS, por sus siglas en inglés).
Nuevos operadores
La normativa abrirá el mercado financiero a dos nuevas compañías: por un lado, las payment iniciation service provider (PISP), softwares que actuarán de intermediarios entre las entidades financieras y los comercios. Por otro lado, surgirán las account information service provider (AISP), que ordenarán en una misma plataforma todos los datos de los productos financieros del cliente.
¿Cómo afecta al usuario?
Hasta ahora, en el momento del pago de una compra online, los comercios tenían que contactar con una serie de intermediarios que, a su vez, se conectaban a la compañía responsable de la tarjeta (por ejemplo, Visa o MasterCard) para, finalmente, cargar el cobro a una cuenta corriente. Sin embargo, con la PSD2 el consumidor podrá autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Así, el comercio y el banco se comunicarán ahora a través del móvil con un aplicación de tipo API (application programm interface). Precisamente, la API garantiza la protección de los datos bancarios del usuario a través de un sistema de autenticación reforzada que pretende evitar operaciones fraudulentas.
Este sistema exige al usuario combinar, al menos, dos elementos independientes para verificar su identidad. Éstos pueden ser o un dispositivo que posea el usuario, como un smartphone; una clave que sólo conozca el cliente; o un parámetro biométrico, como la huella dactilar o el iris del ojo.
Además, la nueva norma también prevé una mayor protección de los consumidores en caso de fraude. Así, el usuario sólo será responsable de pagos no autorizados de hasta 50 euros, y a partir de esa cifra será el proveedor el que tendrá que hacerse cargo del importe defraudado. Con la directiva anterior esa cantidad era de hasta 150 euros.